No duele ni debe doler prenda alguna en reconocerlo. Sobre todo, cuando fue promesa electoral inspirada, más allá de los derechos que les asistía, en resarcir la dignidad como trabajadores a los afectados. Unos derechos que para hacerlos valer se hayan tenido que recurrir a los tribunales de justicia.
Se valora y aplaude la decisión del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, bueno, de parte del Equipo, de hacer efectivo lo que por sentencia judicial han tenido que ganar los trabajadores contratados en el consistorio a través de los distintos planes de empleo autonómico. Unos trabajadores que durante la duración de sus contratos, han realizado el mismo trabajo que cualquier otro de la plantilla municipal, pero ganando sustancialmente menos. Soportando un trato absolutamente discriminatorio en relación con el resto de trabajadores municipales.
El principio insoslayable de a mismo trabajo igual salario, no solo se lo pasaron por el arco del triunfo, sino que obligó a los afectados a recurrir a los tribunales de justicia para velar por sus derechos.
La Justicia no solo les dio la razón a los trabajadores, sino que obliga al Ayuntamiento al pago de las costas y de los intereses legales en función del débito que se le reconocía judicialmente.
Para ello, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a créditos bancarios extraordinarios por valor de algo más de dos millones y medio de euros. Crédito que se tendrá que pagar en los próximos años junto a los intereses y que, solidariamente, todos los sanluqueños tendrán que pagar a través de sus impuestos locales.
El artífice y responsable de este despropósito no es otro que el Esmirriado, ética y moralmente, en su calidad de Alcalde en la legislatura anterior que, a sabiendas, porque así se le hizo saber por activa y pasiva, de que había sentencias judiciales que daban la razón a trabajadores en otros municipios que sentaban jurisprudencia, hizo oídos sordos y obligó a los trabajadores a hacer valer sus derechos y dignidad en los tribunales. Prefirió dar una patada hacia delante a la deuda y de no repetir en el cargo de Alcalde, como así ha sido aunque sigue en el nuevo Equipo de Gobierno surgido de las pasadas elecciones municipales, fuesen otros los que hicieran frente a esta deuda.
Es justo reconocer que fue IU quien en solitario desde un primer momento abanderó las justas reivindicaciones de estos trabajadores de los planes de empleo y quien desde la alcaldía se ha esforzado en resarcir a los mismos, ahora sí, con el apoyo de su socio(?) de Gobierno y la oposición.
Pero de la misma manera, no se entiende que a la vez no se señale inequívocamente al Esmirriado como responsable del despropósito que entre otras consecuencias mermaran las arcas municipales para otras necesidades, que son muchas.
Sí es por una cuestión de lealtad con su socio de Gobierno, mal. Sí es por preservar la estabilidad en el Gobierno, peor. La única lealtad que se debe tener es con el pueblo de Sanlúcar y si por una malentendida lealtad se perjudica a los intereses de la ciudad, entonces estamos hablando de otra cosa. La estabilidad del Gobierno no se puede sustentar con un socio que utiliza los plenos y los medios de comunicación propios y ajenos para blanquearse a sí mismo con mentiras y medias verdades, y que cada vez que puede y está pudiendo siempre -porque nadie le pone pie en pared-, zancadillea al socio que ostenta la alcaldía.
La citada deuda contraída con los trabajadores temporales y la igualmente contraída con la plantilla de la policía local son causas suficientes para cesar al Esmirriado del cargo de Primer Teniente Alcaldesa que tan alegre y despreocupado disfruta, eso sí, previa obligación de hacer frente el perjuicio económico creado con su patrimonio personal por su desastrosa y caprichosa gestión económica..
Puño en Alto
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