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No solo está lleno y rebosante de hipocresía, demagogia y hasta sinvergonzonería, sino de una falta de cultura impropia de empleados y funcionarios públicos de un Ayuntamiento.
El comunicado de los sindicatos con representación en el Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sanlúcar, de lectura insufrible por la cantidad de patadas al diccionario y la ortografía, parece estar redactado por niños de educación primaria, si no fuera por el tendencioso contenido del mismo.
La situación límite y hasta caótica por la que dicen pasar los trabajadores del Ayuntamiento fundamentalmente por la falta de personal no es nueva, es decir, no se ha podido originar en este primer año de la actual legislatura solamente. Una situación que viene larvándose desde hace muchos años, tantos como el Esmirriado sustentó la alcaldía y tiene dos principales circunstancias en su origen: los planes de ajustes implantados desde 2012 y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) consensuada con esos mismos sindicatos y aprobada en pleno municipal en 2019.
Más allá de que desde 2005 no hay Oferta de Empleo Público Municipal, los distintos planes de ajuste han originado eso que han querido llamar como “ERE encubierto” que cuantifican en una merma de 150 puestos de trabajo desde la implantación del primero de esos planes de ajuste. Pocos serán los sanluqueños que podrán recordar que durante esos años los sindicatos sacaran comunicados denunciando los efectos perversos de los ajustes implantados. Fundamentalmente, porque a pesar de las restricciones de todo tipo de esos planes de ajustes, las productividades y las gratificaciones no solo se mantuvieron, sino que, a la vez que la plantilla mermaba en número de efectivos, aumentaba la discrecionalidad y la cantidad de las mismas. En esos momentos de “vino y rosas” no había preocupación sindical por la mala calidad del servicio que se prestaba ni, por ende, la calidad de vida de los sanluqueños. Eso era parte de la red clientelar que el Esmirriado implantó y que tanto rédito electoral le propició y que tanto molesta a esos sindicalistas que se le recuerden. En esos años, solo un grupo municipal de la oposición (IU) fue quien, en solitario, denunciaba los efectos perversos de los planes de ajuste.
La segunda circunstancia, pero no menos importante, es la RPT aprobada en 2019. Algunos colectivos de la plantilla municipal, que incluso se confundían en su integridad y en intereses con algunos de los sindicatos ahora muy preocupados por la situación laboral del Consistorio, temiendo que las productividades y gratificaciones fuesen declaradas ilegales y se acabase el chollo, presionaron para que esas cantidades que cobraban de forma recurrente en concepto de productividad y gratificación, muchas de ellas muy discrecionales, fuesen integradas en sus legales complementos que conformaba sus nóminas. De esa manera, se aseguraban el cobro de las gratificaciones y productividades sin sobresaltos circunstanciales. Esa RPT consensuada con los sindicatos supuso que algunos colectivos viesen incrementados sus nóminas en cerca de 2000 euros mensuales, lo que originó que el Capítulo I del gasto de personal se incrementase al año en más de 2,5 millones de euros. Ello provocó que tampoco fuese posible la contratación de personal que paliara en alguna medida las evidentes carencias de la plantilla municipal. En aquel momento, a esos sindicatos y sindicalistas, salvo uno (CC.OO.), no les importó el efecto perverso de la RPT en el empleo y en la calidad del servicio que se prestaba. Más tarde, como ahora es evidente, el sindicato díscolo volvió al redil. Se quiera reconocer o no, esto es clientelismo. Del mismo modo, IU fue el único grupo político de la oposición que se opuso frontalmente a la RPT.
Ahora estos sindicalistas exigen unos presupuestos municipales con el que se pueda convocar Oferta de Empleo Público a sabiendas de que de haber presupuestos este nunca podrá paliar de forma significativa la carencia de puestos trabajo en las distintas áreas que reseñan en el comunicado. Aunque lo que realmente están demandando es más dinero para productividades y gratificaciones.
En definitiva, unos sindicatos o, mejor dicho, sindicalistas, que se plegaron al clientelismo en aras de sus intereses cremastísticos, ahora muy teledirigidos, no están legitimados para exigir lo que ellos no quisieron o no le interesaron por razones obvias evitar, y su defensa de los servicios públicos en calidad y cantidad de los mismos es más una pose que una realidad y seña de identidad de la hipocresía y demagogia que atesoran, que nada tiene que ver con un verdadero sindicalismo.
Puño en Alto